Recursos naturales, ¿Nacionalización?

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Soberanía permanente sobre los recursos naturales" de 1962, se explícita que: “La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. En estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional”.

Partiendo de dicha base, se puede establecer que los recursos naturales existentes en una nación por acuerdos internacionales, le son de su propiedad. Y es aquí que nace la discusión referente al caso que ocurre en nuestro país al respecto.

Existen varios decretos y leyes que regulan las actividades económicas extractivas de las distintas materias primas/commodities. Lamentablemente, dichas disposiciones fueron impuestas en época de la dictadura cívico-militar, que fijó con un claro ímpetu ideológico el funcionamiento de la industria en Chile.

A modo de ejemplo, está el decreto ley 701 de fomento forestal, en que se establecen una serie de regalías a la industria. En 1974, se posibilitó que las plantaciones de monocultivos de eucaliptus y pino radiata recibieran un subsidio de parte del Estado que nominalmente cubría el 75% de la inversión inicial pero que, en los hechos, cubría un 100% o más. Lo anterior, permitió que las familias Matte (CMPC) y Angelini (Arauco) hicieran crecer su patrimonio; se estima que “desde su aplicación, el Fisco desembolsó unos US$ 875 millones. De ese total, el 69,8% de los recursos fue en beneficio de grandes y medianos propietarios forestales”.

Durante 2014, se logró un record de exportaciones forestales, superando la barrera de los US$ 6000 millones. Se planteó desde el Ejecutivo la intención de continuar con esta política, reflotando estas disposiciones legales, bajo la argumentación de que arroja beneficios a las comunidades que rodean los complejos forestales. Sabemos que a simple vista, los indicadores de empleabilidad de nuestra región, no reflejan tal panorama de esplendor esperado. Según la CASEN de 2009, la provincia de Arauco presenta un índice de pobreza de un 26,9% de la población, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín estas cifras son 25% y 35,1%, respectivamente.

Otro aspecto, es la Ley de Pesca, la cual contrajo una amplia discusión a nivel nacional, provocando una crisis política de proporciones en que diversos lobistas de las principales empresas pesqueras, dirigían el debate para la conveniencia de su propio sector. La actual regulación, se está buscando replantear, por considerársela viciada por estas situaciones y por las ventajas que se entregan a las famosas “7 familias” (Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo).

En este caso es la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, que entró en vigencia en 2001, que es la que estableció un sistema de cuotas individuales transferibles que duraría dos años. En 2002, a través de una ley corta, el Congreso aprobó extender estas licencias por diez años. Las siete familias se hicieron del 92 por ciento de las cuotas de captura industrial.

Es así como, los industriales han concentrado ganancias por 9 mil millones de dólares, pero nunca han pagado por la asignación de las cuotas. Solo están obligados a pagar una patente por operar sus embarcaciones. De esta manera, pese a que Chile es uno de los top diez en descargas pesqueras del mundo, el sector solo aporta un 0,4 por ciento del PIB del país.     

Finalmente, nos encontramos con la regulación de los recursos minerales regidos por el Código de Minería del año 1983. Bullado es el tema del Litio y siempre está en la palestra pública el Cobre, la denominada “viga maestra de la economía” o el “sueldo de Chile”. Nuestro país se encumbra como el mayor productor de tal mineral, correspondiendo a un tercio del total mundial. Codelco como la mayor empresa estatal, es la que más aporta con impuestos al erario público y entrega adicionalmente, el 10% de sus ganancias por exportaciones mediante la Ley Reservada del Cobre a las Fuerzas Armadas.

Terminadas las exposiciones anteriores, nos lleva a cuestionarnos la sobreexplotación de los recursos naturales del país. La industria forestal lleva a generar verdaderos “desiertos verdes”, ya que, los monocultivos de pino radiata y eucaliptus absorben grandes cantidades de agua provocando erosión de los suelos. Por otro lado, la excesiva captura de las especies marinas, en especial, mediante la pesca de arrastre conlleva daños al suelo submarino, lo cual afecta al ecosistema por prolongados períodos de tiempo.

Y en cuanto a la minería, los daños medioambientales están a la vista reciente. El caso de Ventanas-Puchuncaví con la Escuela de La Greda, lo que ocurre en el uso del agua en la zona del norte y las comunidades aledañas y el manejo inadecuado de los tranques de relaves tanto durante su funcionamiento como a posteriori.

Según la propia Constitución tenemos el derecho a vivir “en un medio ambiente libre de contaminación”, es aquí donde se contrapone, la postura económica actual de extracción de los recursos con legislaciones débiles que no salvaguardan el medio ambiente ni mucho menos los intereses nacionales de protección de las mismas fuentes naturales, que al no ser renovables, están a la libre hipoteca de las grandes corporaciones extractivas.

¿Nacionalizar los recursos será la respuesta para una extracción racional de nuestras riquezas? Mientras no exista un cambio en la visión cortoplacista a una de largo plazo y sumado a una postura de la siempre recurrente idea de aportar un valor agregado a la producción, sería construir castillos en el aire.

Como paso previo, si no se recurre a una acción de Estado que se mantenga en el tiempo y sea transversal a los distintos gobiernos, pensar que las continuas extracciones deben cumplir con ciertos ciclos, regulaciones medioambientales que se apliquen y se fiscalicen junto con establecer marcos regulatorios que inserten pago de impuestos, por las grandes compañías, para ir en ayuda de las comunidades y el país. Lo anterior, implicaría aportes interesantes para generar capital humano, desarrollo sustentable/sostenible y tecnológico para las futuras vicisitudes que se avecinan más temprano que tarde.